Al respecto, la presidenta del Honorable Tribunal Disciplinario, Marisa Oliva, señaló: “Pudimos firmar un convenio que enmarca el trabajo que venimos desarrollando con Derechos Humanos. Por un lado, el accionar de la secretaría de Derechos Humanos al solicitarnos, junto a familiares de Toninetti, una acción reparatoria de su legajo, ya que figura como cesanteado por incumplimiento, por falta, y reconocer que fue proscripto, cesanteado político por el terrorismo de Estado. Y por otro lado nosotros estamos construyendo desde el Tribunal, y esto también lo compartimos con la secretaría de Derechos Humanos, un registro de todos los agentes de la administración pública que fueron incorporados a su trabajo ya que en algún momento habían sido cesanteados, también perseguidos políticos, entre el año 1976 y 1983. En el año 1984, en el gobierno de Puriccelli, se sanciona la Ley Reparatoria que reconoce los años de servicios a aquellos que fueron cesanteados por proscripción política del terrorismo de Estado”.

Asimismo, la vocal Gremial del Honorable Tribunal Disciplinario ,Sandra Sutherland expresó que “nosotros desde nuestra organización sindical a nivel nacional, hemos trabajado intensamente sobre el reconocimiento y la reparación de los trabajadores del Estado, en este caso, cesanteados y desaparecidos después vueltos a recuperar".

“Fue totalmente shockeante y emocionante indagar en los archivos de la administración pública y desde lo disciplinario, poder analizar esta legislación, que es la Ley 1031, cómo era. Y, digamos, con el diario del lunes, si se quiere, con todos los derechos que tenemos ahora lo terrible que era prescindir de los servicios de un trabajador de la administración pública y una persecución, que hoy se enmarcaría, por una cuestión ideológica, política, sindical. Está bueno el reconocimiento, la reparación e indagar en la historia de la administración pública de nuestra provincia y poder contar, como es en el caso de María Tonineti, los acontecimientos de ese momento y tomar los papeles, tomar los expedientes y desde nuestro Tribunal Disciplinario hacer la reparación, que es, sacar la figura de cesantía”, manifestó.

Por último, la secretaria de Estado de Derechos Humanos,Nadia Astrada, expresó: "La firma del convenio es un compromiso con la reparación que aún requieren lxs familiares y la memoria de lxs detenidxs desaparecidxs. Profundiza el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia con el que trabaja el Gobierno provincial, un trabajo arduo en consolidar cimientos de respeto a los derechos humanos para la Santa Cruz de hoy y del mañana”.